A pesar de una confesión, hoy la cuestionada exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sigue disfrutando de las comodidades, presuntamente ganadas por la corrupción, en su casa de playa.
Durante 8 años, el fiscal José Domingo Pérez investigó a más de 50 imputados, citó a alrededor de 1200 testigos, acumuló miles y miles de páginas en una carpeta fiscal que no ha llevado a nada.
A pesar de tanto show mediático en el caso Cócteles, la protagonista, Keiko Fujimori, no tiene una sentencia y ni siquiera acusación fiscal; pues la que hizo el fiscal Pérez la devolvieron 19 veces por estar mal planteada. Es más, la lideresa de Fuerza Popular está habilitada para postular a las elecciones presidenciales 2026.
Estos son los dos casos más emblemáticos de la ineficiencia del Ministerio Público, que tienen en común a un fiscal hoy apartado cautelarmente de su función por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
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CASO LAVA JATO – SUSANA VILLARÁN
El 01 de enero del 2011, una mujer risueña y que pregonaba su cercanía con el pueblo ganaba las elecciones para la alcaldía de Lima. Pero, lamentablemente como la mayoría de políticos en nuestro país, su mandato estuvo acompañado de rumores de corrupción.
Jorge Barata, representante de la empresa brasileña Odebrecht, confesó en el 2019 la entrega de dinero a Susana Villarán para financiar su campaña de NO a la revocatoria, y su reelección. Así fue como inició el caso hoy conocido como ‘Las Chalinas Verdes de la Corrupción’. Villarán también recibió dinero de la empresa OAS.
Las investigaciones iniciaron y Susana Villarán, en una entrevista en un medio local, sorprendentemente terminó confesando de su propia boca la coima que había recibido. Sin embargo, esto tan solo fue el inicio de varias negligencias o retrasos poco convencionales dentro de un proceso judicial.
Pasó la pandemia y los fiscales al parecer también estuvieron de cuarentena, alejados de carpetas fiscales, porque Susana Villarán, a pesar de su confesión, seguía en total libertad como si de una persona con total impunidad se tratase y al parecer esa impunidad llegó hasta la sala penal.
Más de 6 años han pasado y Susana hoy sigue en su casa de playa, disfrutando de su nueva piscina porque al parecer la justicia no llega a ella.
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CASO CÓCTELES – KEIKO FUJIMORI
Era el año 2016 y Keiko Fujimori empezaba a ser investigada por el financiamiento de sus campañas políticas del 2011 y 2016. Se presumía que en las rifas y cócteles que realizó Fuerza Popular con el fin de recolectar ingresos no era el origen verdadero de tanto dinero. El costo para la entrada a estos eventos, organizados por el partido naranja era de 500 dólares.
El fiscal Domingo Pérez abrió una investigación por organización criminal y lavado de dinero, cuando hasta el año 2019 no era delito no reportar aportes de campaña o donar más de lo establecido por la ley electoral. El suspendido forzó los tipos penales que, durante su acusación, no pudo probar.
El histrionismo e irresponsabilidad de Pérez se concentraba en los flashes y cámaras de la prensa que por avanzar debidamente las investigaciones. Tanto así que llegaba con chaleco antibalas a los juicios orales.
Mientras tanto Keiko Fujimori fue enviada a prisión preliminar y preventiva tres veces. Primero por Diaz Días y luego por 36 meses en el 2018, pero por las apelaciones de su defensa técnica, logró salir del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en el 2019.
PÉSIMO MINISTERIO PÚBLICO
Este es el pésimo trabajo de un grupo de fiscales que ha tergiversado su función, politizándola y haciendo de la investigación penal un circo, con gestos para la cámara y famélicas sustentaciones jurídicas.
José Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela solo han conseguido pérdida de tiempo y de millones de soles al erario público porque han hecho gastar muchos recursos al Estado durante ocho años, para cosechar un rotundo fracaso. El Tribunal Constitucional y dos salas superiores de la Corte de Lima le han enmendado la plana.
