El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, un proyecto de ley que regula la aprobación de feriados y días no laborales.
Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, la productividad y competitividad del país, ante el alto número de días de descanso que se han establecido en los últimos cuatro años en perjuicio de la economía y los derechos fundamentales de las personas.
En el proyecto presentado se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados y de días no laborables para la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que se generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados en Sudamérica.
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FERIADOS NO LABORABLES
El titular de la Defensoría del Pueblo recordó que en el 2020 el Perú contaba con 12 feriados no laborables declarados por ley; no obstante, en los últimos años se aprobaron 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional.
“Esta situación convierte al Perú en un país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se debe asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio. También debe pagarse una triple remuneración al trabajador si se necesita que la actividad de su empresa no paralice”, expresó Gutiérrez Cóndor.
La Defensoría sustentó que el Banco Central de Reserva (BCR) señaló que este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.
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DEFENSORÍA: DECLARAR FERIADOS LE CORRESPONDE AL CONGRESO
Por estos motivos, el proyecto de ley establece la obligación de realizar una evaluación técnica económica y social previa a la aprobación de feriados nacionales y no laborables para evaluar sus efectos a corto y largo plazo, asegurando que el porcentaje de beneficios para la población sea inferior al de sus costos.
De igual manera, precisa que la competencia para declarar feriados le corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a los Gobiernos Regionales y Locales.
Con esta iniciativa legislativa, la Defensoría busca prevenir el incremento de los costos laborales y la reducción de la producción y competitividad, así como la paralización innecesaria de procesos, trámites y diligencias de toda índole en el servicio público.
