La Defensoría del Pueblo pidió a Pedro Castillo (Perú Libre), presidente electo de la República, liderar la política de Estado de lucha contra la corrupción y le expresó sus deseos de éxito “por el desarrollo y el progreso del país”.
“Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, manifestó la institución a través de un pronunciamiento.
Para la Defensoría, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos.
“En atención al grave impacto social de la corrupción, el Tribunal Constitucional ha sostenido que ella constituye un atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente de la República, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla”, apuntaron.
