Zoraida Ávalos afirma que un sector del Congreso busca inhabilitarla "por cuestiones políticas”

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de omisión tras negarse a investigar al expresidente Pedro Castillo y acusó al Congreso de querer inhabilitarla por "cuestiones políticas".

Al respecto, manifestó que es una "grave" señal que está mandando un sector del Legislativo, porque condicionaría la labor fiscal en caso no se alineen con sus "intereses políticos". 

“Lo grave de esto es la señal que está mandando un sector del Congreso, que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. La señal es: ‘si tú fiscal suprema, vocal supremo, no te alineas a mis intereses políticos, esto es lo que te puede pasar, te destituyo, te boto’”, dijo a RPP Noticias.

“Esto es grave porque quiebra todo orden constitucional, porque de alguna manera debilita y quebranta ese equilibrio de poderes que debe haber, que es el sustento de una democracia firme. Por otro lado, es una amenaza contra un sistema de administración de justicia que es el pilar fundamental, la esencia de la democracia”, añadió.

Zoraida Ávalos recordó que, durante su gestión, presentó 43 denuncias constitucionales que, en su mayoría, fueron archivadas por el Congreso. 

“He presentado tres denuncias contra el excontralor Edgar Alarcón, contra Héctor Becerril, contra Jorge del Castillo, [Javier] Velásquez Quesquén, el expresidente [Manuel] Merino por el caso Inti y Bryan, todas archivadas”, sostuvo.

“Se me han abierto muchos enemigos, muchos frentes. Esto para mí es un linchamiento político. No lo vean como un ataque a Zoraida Ávalos, es más que eso, un ataque al sistema de la administración de justicia, a la autonomía y a la independencia que debe reinar”, expresó.

La exfiscal suprema deberá acudir al Congreso el próximo jueves 25 de mayo para responder por las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas).

El documento recomienda acusarla por presunta infracción constitucional del inciso 4 del artículo 159 de la Constitución y pide su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública.

También se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.