Roberto Sánchez, el congresista y candidato presidencial por Juntos por el Perú, está en el ojo público, debido a que es acusado que ha usado uno de los proyectos de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para incluirlo en su plan de gobierno.
Integrantes de esta comisión han calificado su participación como una estrategia para favorecer sectores de la minería informal e ilegal meses antes de las Elecciones Generales 2026.
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Según la parlamentaria Diana Gonzales, Sánchez actúa como un “presidente en la sombra” de dicho grupo de trabajo. Se le señala de promover activamente la prórroga del REINFO y la ley MAPA, buscando el retorno de 50,000 mineros al sistema formal sin los filtros adecuados.
Una de las críticas más severas se centra en que los debates de la comisión coinciden textualmente con la página 47 del ideario de Juntos por el Perú. Las propuestas incluyen la reducción de la caducidad de concesiones mineras para entregarlas a cooperativas de pequeños mineros.
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Sánchez ha firmado cerca de diez proyectos vinculados a la minería informal, algunos de los cuales proponen que “mineros ancestrales” operen únicamente con declaraciones juradas.
Esta flexibilización permitiría retirar autorizaciones para el uso de insumos químicos y explosivos, herramientas frecuentemente ligadas al narcotráfico y la extorsión.
“Cómo vamos, el destino del Perú es Bolivia: sin inversión y más pobreza”, indicó Gonzáles a ‘ContraCorriente’.
Más cuestionamientos
Paralelamente a su actividad en minería, Roberto Sánchez preside la Comisión Especial del Megapuerto de Chancay, grupo que él mismo impulsó. Aunque inicialmente se propuso una comisión investigadora por el hundimiento de terrenos, Sánchez sugirió transformarla en una entidad “impulsadora”.
El proyecto portuario tiene como inversor mayoritario a la empresa estatal china Cosco Shipping. En este contexto, Sánchez viajó a Beijing en 2024 invitado por el Partido Comunista de China, organización vinculada al Estado dueño de la referida empresa portuaria.
Este viaje se produjo mientras el congresista enfrentaba acusaciones por su presunta vinculación al golpe de Estado de Pedro Castillo.
