El Poder Judicial evalúa si procede el juicio oral contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
La Fiscalía acusa al exministro de fraude en la administración de personas jurídicas y falsedad en procedimientos oficiales.
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El caso vincula directamente el manejo de los fondos de la organización política Juntos por el Perú.
La ruta del dinero y los aportes fantasmas
El Ministerio Público detectó una serie de vouchers de depósito bancarios dirigidos a cuentas personales en el año 2018.
Los documentos registran transacciones con montos que oscilan entre los 400 y los 600 soles.
Los depósitos no ingresaron a una cuenta institucional, sino a la cuenta privada de William Sánchez Palomino, hermano de Roberto Sánchez.
El dinero provenía supuestamente de ciudadanos que aspiraban a postular a cargos públicos en diversos procesos electorales.
La investigación fiscal señala que estos recursos económicos se habrían utilizado para beneficio propio o de terceros.
El partido declaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un balance financiero con activos en cero.
Esta omisión de información configura para las autoridades el delito de falsamiento de la información sobre ingresos de campaña.
Respuesta de Roberto Sánchez
La defensa técnica del investigado sostiene que la conducta señalada no califica dentro del ámbito del derecho penal.
El abogado Carlos García argumentó que su patrocinado solo cumplía con remitir los informes elaborados por la tesorería.
Según esta postura, el exfuncionario firmaba las cartas de presentación de los balances por su condición de representante legal.
Asimismo, la defensa argumenta que los fondos cuestionados pertenecían a un comité electoral que operaba de manera autónoma.
Bajo esa premisa, consideran que dichos ingresos no formaban parte de la actividad financiera fiscalizable de la organización política.
Por su parte, el fiscal provincial Humberto Valente Ruiz Peralta ratificó los cargos presentados contra los implicados.
El requerimiento acusatorio formalizado por el Ministerio Público solicita una pena concreta de cinco años y cuatro meses.
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La decisión final sobre el inicio del proceso penal se dará a conocer de manera previa a la segunda vuelta electoral.
El magistrado a cargo del caso emitirá su pronunciamiento judicial definitivo el próximo 4 de junio.
