El candidato presidencial, Roberto Sánchez, afronta un panorama legal y político complejo debido a presuntas irregularidades en los fondos de su partido.
Las investigaciones fiscales apuntan a un posible desbalance patrimonial originado en campañas anteriores.
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Una de las principales acusaciones se centra en los aportes de campaña que no fueron debidamente reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Estos recursos económicos habrían terminado directamente en las cuentas personales del postulante.
Las cuentas de Roberto Sánchez bajo la lupa
El Poder Judicial programó para este 4 de junio la audiencia donde se definirá si el caso pasa a juicio oral.
La Fiscalía solicitó formalmente una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por presunta falsa declaración.
La tesis del Ministerio Público involucra de forma directa al hermano del candidato, William Sánchez, quien operaba dentro de la agrupación política.
El familiar no ha logrado justificar ingresos por 204 mil soles detectados por las autoridades financieras.
La defensa familiar argumenta que las actividades como músico justifican dichos montos de dinero recaudados.
No obstante, los peritajes señalan que las tarifas del mercado local resultan insuficientes para sostener ese nivel de ingresos financieros.
Un futuro político condicionado
Durante sus recientes actividades de campaña en las localidades de Puente Piedra y Huaral, el político evitó responder los cuestionamientos.
‘Contra Corriente‘ intentó obtener declaraciones sobre su destino laboral en caso de perder los comicios electorales.
La hoja de vida del postulante detalla un recorrido de diez años continuos ocupando diversos cargos dentro del aparato estatal.
Esto incluye funciones como gerente, consultor y asesor de la bancada de su actual organización.
Especialistas en derecho penal advierten que la situación del candidato podría agravarse con nuevas líneas de indagación.
De comprobarse el origen ilícito del dinero, se abriría un proceso paralelo por el delito de lavado de activos.
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Este nuevo escenario judicial incrementaría drásticamente la expectativa de pena acumulada para los implicados en el caso.
Según los marcos legales vigentes, las sanciones por este tipo de ilícitos financieros superan los 25 años de cárcel.
