El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, arremetió contra la Cancillería por rechazar el informe de la ONU que califica de “arbitraria” la detención de Pedro Castillo y exigir su liberación.
En consecuencia, el actual congresista cuestionó el pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Carlos Pareja.
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Según detalló Sánchez Palomino, diversas entidades del Estado peruano ya tenían conocimiento previo sobre el polémico documento del organismo internacional.
Postura de Roberto Sánchez sobre la detención de Pedro Castillo
Asimismo, el parlamentario defendió la postura del grupo de trabajo de la ONU, asegurando que el informe fue elaborado por reconocidos expertos internacionales.
“Luego de una opinión, se da cuenta al Estado de las acciones. No es extraño que salga un conjunto de opinólogos con postura política a decir que esto no importa“, sostuvo.
Respecto al pronunciamiento de la Cancillería, Roberto Sánchez consideró ilógico que se menosprecie la posición de un organismo internacional de este nivel.
Por tal motivo, el legislador afirmó que esta situación “no es casualidad” y acusó directamente al canciller Carlos Pareja de actuar de manera sesgada.
“El comunicado contradice la certeza institucional de expertos. Nos preguntamos si es casualidad, sobre todo por la gestión de Carlos Pareja, que desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada“, manifestó.
En medio de sus reclamos, Roberto Sánchez pidió al presidente José María Balcázar precisar si el texto de la Cancillería tuvo influencia de Keiko Fujimori.
Siguiendo con su postura crítica, el aliado de Pedro Castillo indicó que las principales instituciones del Estado peruano ya no tienen independencia.
“Se ha copado la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. ¡No hay democracia en el estricto sentido!“, aseveró el congresista.
Posición de la Cancillería peruana
Luego de difundirse el documento de la ONU sobre la situación legal de Pedro Castillo, la Cancillería emitió un firme comunicado oficial de respuesta.
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“Las opiniones de tal Grupo de Trabajo no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional ni constituyen decisiones obligatorias“, sentenció la entidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que dicho informe no produce efectos directos ni modifica las decisiones de las autoridades nacionales.
