El congresista Roberto Chiabra criticó el reciente encuentro público entre el presidente José María Balcázar y el empresario Edwin Oviedo en Chiclayo.
Según el legislador, este tipo de interacciones comprometen la integridad de las instituciones públicas, señalando que en situaciones de esta naturaleza “se pierden las formas, se pierde la autoridad y se pierde el prestigio de los cargos“.
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Chiabra sostuvo que el titular del Estado debe ser consciente de la investidura que representa, independientemente del tiempo que le reste en el cargo.
Y advirtió sobre la necesidad de mantener un cuidado riguroso respecto a los vínculos personales y públicos.
Roberto Chiabra advierte riesgos en la función pública
Para el parlamentario, la relación directa entre altos funcionarios y personajes cuestionados puede ser utilizada para el tráfico de influencias.
Roberto Chiabra argumentó que no solo el presidente, sino también los ministros, deben vigilar sus círculos sociales, ya que estas relaciones son las que posteriormente se emplean para validar favores o gestiones irregulares.
El legislador recordó una instrucción recibida durante su etapa como coronel PNP en el Huallaga, donde se le advertía que un simple saludo o acercamiento puede ser utilizado por terceros para asegurar ante la opinión pública que un asunto ya “está conversado”.
Asimismo, enfatizó que existe una diferencia marcada entre el acercamiento de una autoridad a la ciudadanía común y el trato con individuos con antecedentes específicos.
Cuestionó que un exjuez como Balcázar no identifique la trayectoria de Edwin Oviedo, afirmando que los funcionarios no perciben la responsabilidad del momento político que viven ni la importancia de guardar las formas institucionales.
Seguridad del Estado frente al uso de reservistas en campaña
En otro punto de sus declaraciones, Roberto Chiabra analizó la situación del candidato Roberto Sánchez, quien ha optado por ser custodiado por reservistas en lugar de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El congresista calificó esta decisión como un riesgo innecesario, debido a que la protección oficial debe recaer estrictamente en seguridad del Estado.
Indicó que, ante cualquier eventualidad o incidente contra la integridad del candidato, no se podría responsabilizar a la institución policial si esta ha sido desplazada por seguridad privada o milicias.
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El legislador advirtió sobre la posibilidad de infiltraciones en estos grupos de seguridad no oficiales y criticó que los reservistas tomen decisiones sobre el desplazamiento del candidato, llegando a “mangonear” o desplazar a las autoridades.
Concluyó que permitir esta dinámica significa una autorización implícita por parte del candidato, quien debería priorizar la protección brindada por los organismos legales del país frente a grupos externos que se “pegan como chicle” al entorno político.
