El descontento social por la reforma del sistema de pensiones ha vuelto a las calles. El pasado sábado 13 de septiembre, cientos de jóvenes se movilizaron en Lima y diversas regiones del país para expresar su rechazo a la nueva ley de AFP y su reglamento.
Esta ola de protestas ha tenido un impacto directo en la agenda política. Apenas una semana después de su aprobación, el Congreso de la República se prepara para debatir este miércoles la posible derogación de la ley, una respuesta a la presión ciudadana.
La norma, calificada por el Legislativo como una reforma social, ha sido recibida con indignación por un sector de la población.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Retiro de AFP: Congreso acumula 25 proyectos de ley que plantean liberar hasta S/ 21,400
Las claves de una reforma cuestionada
La controversia en torno a la nueva ley del sistema de pensiones se centra en cuatro puntos fundamentales que modifican el panorama previsional. Inicialmente, se establece la obligatoriedad para los trabajadores independientes menores de 40 años de afiliarse a un sistema, ya sea la AFP o la ONP.
Otro de los pilares presentados es la “pensión mínima garantizada”. Sin embargo, la norma no ha especificado con claridad las fuentes de financiamiento para asegurar su sostenibilidad, lo que ha generado incertidumbre entre los futuros beneficiarios.
La ley de AFP también restringe de manera significativa los retiros masivos de los fondos de pensiones. Se advierte que aquellos afiliados que opten por retirar sus ahorros bajo las modalidades permitidas anteriormente perderán el acceso a la pensión mínima garantizada de S/ 600.
Finalmente, se limita la posibilidad de retirar el 95,5 % de la cuenta individual al momento de la jubilación. Esta medida afecta directamente a los afiliados menores de 40 años al momento de la entrada en vigencia de la ley, cambiando las reglas de juego para las nuevas generaciones de aportantes.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Dina Boluarte anuncia que respaldarán octavo retiro de AFP
Dina Boluarte a favor de nuevo retiro AFP
En medio de la creciente tensión, la presidenta Dina Boluarte anunció una medida que contradice el espíritu de la reforma: un nuevo retiro de fondos de las AFP. Este sería el octavo retiro autorizado, una decisión que parece ceder ante la presión de la calle en lugar de defender la ley que buscaba, precisamente, evitar estos mecanismos.
El Congreso, que había aprobado la norma con una mayoría considerable, ahora enfrenta una fractura interna. Varios legisladores que inicialmente respaldaron la ley ahora admiten haber “subestimado” la magnitud de la reacción ciudadana y buscan cambiar su postura para mitigar el costo político.
Esta situación proyecta la imagen de un Parlamento que legisla influenciado por la presión mediática y las movilizaciones. La institución se encuentra atrapada entre los intereses de las administradoras de fondos, el clamor de los afiliados por sus ahorros y la necesidad de supervivencia política de sus miembros.
