Rafael Vela Barba: piden iniciar diligencias preliminares contra fiscal por presunto tráfico de influencias agravado

La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra el fiscal Rafael Vela Barba por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado, de acuerdo a un documento al que accedió el programa 'Milagros Leiva, Entrevista'.

Vela Barba habría ofrecido a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, y Óscar Nieves, quien era abogado de Dina Boluarte, interceder ante el fiscal Richard Rojas para que no formalice investigación preparatoria contra la hoy mandataria por presunto lavado de activos, a fin de que pueda asumir la Presidencia de la República.

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"Se le atribuye a Rafael Ernesto Vela Barba, en su condición de Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías de Lavado de Acivos, la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado; toda vez que habría presuntamente invocado influencias reales ante Jaime Javier Villanueva Barreto, exasesor de la Fiscal de la Nación y Óscar Nieves Vela, quien habría sido abogado de la entonces vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, con el ofrecimiento de interceder ante el fiscal Richard David Rojas Gómez, titular del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (fiscal que habría estado a cargo de la investigación por el presunto delito de lavado de activos y otros, contra Boluarte Zegarra y otros, en la Carpeta Fiscal N.º 43-2021), a fin de que presuntamente (i) no formalice la investigación contra la citada Boluarte Zegarra, (ii) se desacumule la investigación y continúe en etapa de investigación preliminar; ello con el presunto propósito que pueda asumir la presidencia de la República", se lee en el documento.

A cambio de ello, Rafael Vela "habría solicitado a Villanueva y Nieves que intercedan para que se habilite un código AIR para que se habilite un puesto de fiscal supremo".

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Recordemos que Boluarte afronta una investigación a cargo del fiscal Rojas por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas del partido Perú Libre, debido a que ella y Braulio Grajeda abrieron una cuenta mancomunada en el BCP, en la que recaudaron aportes ilícitos de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín y dinero para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de PL y exgobernador de Junín, por su condena por corrupción.