En una reciente entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, el candidato presidencial Rafael López Aliaga lanzó duras críticas contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusando a la institución de ignorar sistemáticamente las impugnaciones y solicitudes de transparencia presentadas por su equipo técnico.
El líder de Renovación Popular calificó la actitud del organismo electoral como una evasión deliberada de sus responsabilidades constitucionales.
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Rafael López Aliaga: el silencio del JNE y las mesas de la serie 900,000
Según el líder político, la situación más crítica reside en la aparición de las mesas de la serie 900,000, las cuales, afirma, carecen de sustento jurídico y representan una vulneración grave al proceso democrático.
“El Jurado es Shakira: ciego, sordo y mudo. No dice nada, no escucha, no habla”, sentenció el candidato, comparando la falta de respuesta institucional con la famosa canción de la artista colombiana.
Ante la desconfianza en los entes locales, el candidato confirmó que han solicitado formalmente una auditoría forense internacional. Propuso que el peritaje sea realizado por las denominadas “Big Four” (KPMG, Ernst & Young, BDO y PwC), firmas con presencia en el país y prestigio global. “Era para que los llamen hace días”, recriminó.
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El plan ‘Morrocoy’: presunto sabotaje logístico
Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la descripción del plan ‘Morrocoy’, una supuesta estrategia de dolo para afectar la participación ciudadana. López Aliaga detalló que la Fase 1 consistió en desincentivar al elector, seguida por un “desmadre logístico” sin precedentes en Lima y el extranjero.
El candidato citó testimonios de la empresa Galaga, encargada del transporte, señalando que los camiones con material electoral fueron retenidos arbitrariamente por personal de la ONPE, saliendo con retrasos de hasta 12 horas. Según su análisis, este retraso impidió el sufragio en bastiones clave como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Miraflores, afectando directamente su caudal de votos.
Finalmente, López Aliaga insistió en que estas irregularidades no fueron errores administrativos, sino actos premeditados que ameritaban la cancelación inmediata de los comicios en las zonas afectadas.
