La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha sido autorizada para participar como actor civil en el proceso penal contra Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira. Esto les permitirá solicitar una eventual reparación civil en caso de que sean hallados culpables por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que la solicitud cumplía con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal.
El magistrado Checkley desestimó las objeciones presentadas por los abogados de Hurtado y Miu Lei, quienes intentaron impedir que el Estado se constituyera como parte agraviada en el caso. En una resolución del 22 de marzo, se estableció que la Procuraduría puede exigir una reparación solidaria de seis millones de soles a favor del Estado peruano. Este monto sería asumido por los acusados si se comprueba su responsabilidad en los hechos investigados.
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Las investigaciones apuntan a que Andrés Hurtado habría actuado como intermediario para facilitar la devolución de 100 kilos de oro incautados a cambio de un millón de dólares. Se presume que esta operación fue coordinada con la fiscal Elizabeth Peralta y otros involucrados, utilizando sus influencias para obtener beneficios económicos. Además, se les acusa de recibir pagos para iniciar o detener investigaciones relacionadas con lavado de activos y otros delitos.
En paralelo, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Hurtado para garantizar el desarrollo del proceso judicial. Por su parte, Peralta y Miu Lei enfrentan restricciones, pero no prisión preventiva. La Fiscalía ha solicitado también levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los investigados para rastrear posibles transacciones ilícitas vinculadas al caso.
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Este caso ha generado gran atención pública debido a las conexiones entre los acusados y figuras del ámbito político y empresarial. Según las investigaciones, Hurtado habría utilizado su red de contactos para negociar favores a cambio de dinero, consolidando un esquema que involucra corrupción en altos niveles. La audiencia pendiente será clave para determinar la responsabilidad penal y las sanciones correspondientes.
