La situación legal de María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado, ha tomado un giro crítico recientemente.
El órgano superior encargado de la defensa jurídica del país es presidido por una funcionaria con una sentencia condenatoria.
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El pasado 26 de enero, el Poder Judicial dictó un fallo en contra de la titular de la Procuraduría.
El Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte emitió la resolución por delitos contra la administración pública.
La condena específica responde a las modalidades de omisión y rehusamiento de actos funcionales. Este proceso judicial se originó tras una denuncia interpuesta por el abogado Dylan López.
López, presidente de la Asociación Líderes de Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte, señaló que Caruajulca se negó a entregar información vía transparencia.
Los hechos ocurrieron cuando ella se desempeñaba como procuradora en la Municipalidad de Comas.
María Caruajulca con reglas de conducta
La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de ocho meses de privación de libertad. No obstante, el juzgado determinó imponer reglas de conducta debido a la falta de antecedentes penales previos.
Actualmente, la funcionaria debe cumplir con un control biométrico mensual para justificar sus actividades ante el juzgado.
Además, tiene prohibido variar su domicilio o número telefónico sin previa autorización judicial.
Nueva denuncia contra procuradora
A pesar de su situación jurídica, Caruajulca sostiene que su conducta ha sido intachable durante su trayectoria.
Sin embargo, diversos sectores han formalizado pedidos para su remoción del cargo. A la sentencia vigente se le sumó una nueva denuncia presentada el pasado 4 de febrero.
El abogado Geisel Grández acusó a la procuradora por el presunto delito de omisión de actos funcionales y abuso de autoridad.
Esta nueva acción legal sostiene que la funcionaria habría omitido su prerrogativa de denunciar a altos dignatarios. Esta función es considerada una tarea indelegable para quien lidera la defensa del Estado.
Cuestionamientos contra procuradora
En el ámbito de sus funciones actuales, se le cuestiona por mantener silencio en procesos de investigación relevantes. Entre ellos, destacan las audiencias relacionadas al expresidente Pedro Castillo.
Asimismo, se reportó una falta de seguimiento en el caso de la fiscal Marita Barreto. Dicha fiscal es investigada actualmente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría General del Estado tiene la potestad de denunciar penalmente a funcionarios de alto rango.
La actual gestión de Carhuajulca es observada por el contraste entre su cargo y sus sentencias judiciales.
La defensa jurídica del Estado peruano requiere de transparencia absoluta en todos sus procesos administrativos.
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El cumplimiento de las reglas de conducta es ahora parte de la agenda diaria de la procuradora.
Frente a este panorama, el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, emplazó al ministro de Justicia, Walter Martínez, a renovar los cargos, de lo contrario “estaría cometiendo delito“.
