El auditor del Congreso, Fernando Rosales, reconoció que el contrato con el consorcio Casnu se firmó recién el martes 4 de julio, a pesar de que la obra inició el 29 de junio.
Víctor Castillo, gerente de Servicios Generales, fue la persona que permitió el ingreso de los obreros.
"Han vulnerado la ley de contrataciones del estado y toda norma de uso de recursos públicos, porque la ley ordena que antes de ejecución de la obra, debe haberse firmado el contrato", dijo Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del OSCE.
Es una violación flagrante a la ley de contrataciones con el estado. Se permitió el inicio de una obra pública por 896 mil 123 84 soles, sin que el constructor haya firmado el compromiso formal y legal para cumplir la obra en la forma y plazos establecidos en las bases del concurso público que ganó.
El informe de control concurrente número 025, publicado el 25 de julio, en donde finalmente el auditor consigna que se estaba ejecutando una obra sin contrato, concluye que se identificó una situación adversa.
El auditor general del Congreso rechazó haber recibido presiones de la entidad auditada para mantener oculto este reporte de avance de situaciones adversas, con fecha 5 de julio, que ContraCorriente hizo público el domingo 23 de julio.
En una conferencia de prensa, el personal de administración del Legislativo defendió la contratación del consorcio Casnu, integrado por las empresas Cascina Constructora e Inmobiliaria SAC y Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC, consorciadas recientemente el 23 de junio pasado.
La Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC, según el OSCE, tiene una capacidad de contratación de 20 millones de soles, pero no posee oficina propia y su representante legal tiene un riesgo muy alto en Infocorp.
