El Poder Judicial aprobó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado, conocido popularmente como “Chibolín”. La medida también incluye a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, al empresario Javier Miu Lei y a Iván Siucho Neira. Esta autorización forma parte de la investigación que realiza la Fiscalía Suprema por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.
MEDIDA JUDICIAL PARA ESCLARECER LOS HECHOS
El juez supremo Juan Carlos Checkley acogió el pedido realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. En su resolución, el magistrado sostuvo que la medida es idónea y necesaria. Además, especificó que permitirá conocer con mayor certeza la realidad de las operaciones financieras y tributarias vinculadas a los investigados.
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El juez destacó que, aunque se trata de una restricción a derechos fundamentales —como la confidencialidad de la información bancaria y tributaria— la acción se ajusta al principio de proporcionalidad. Según explicó, la autorización posibilitará obtener datos sobre movimientos de dinero, transferencias bursátiles y declaraciones tributarias que resultarían claves para determinar la veracidad de las imputaciones.
Impacto y alcance de la investigación contra Andrés Hurtado
En el documento, Checkley resaltó que acceder a esta información permitirá esclarecer hechos de interés público, dada la gravedad de las acusaciones contra los implicados. Señaló que valoró cuidadosamente el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la necesidad de obtener información para el proceso penal.
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De igual manera, el magistrado autorizó el levantamiento del secreto respecto a cuatro empresas vinculadas a Andrés Hurtado. El objetivo es verificar si sus cuentas se utilizaron para actos de corrupción relacionados con los hechos investigados.
