El Observatorio Nacional de Minería Ilegal analizó los planes de gobierno de los 36 partidos políticos que participarán en las elecciones del próximo 12 de abril.
El estudio determinó que agrupaciones como Perú Libre y Renovación Popular no presentan propuestas para combatir este delito.
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“Peru Libre y Renovación Popular no mencionan absolutamente nada sobre la lucha con la minería ilegal, lo que es preocupante”, alertó César Ipenza, abogado ambientalista del Observatorio de Minería Ilegal.
Esta omisión resulta relevante debido a que la minería ilegal del oro movilizó aproximadamente 11 mil millones de dólares solo durante el año 2025.
Según el Instituto Peruano de Economía, esta cifra supera actualmente los ingresos generados por el narcotráfico en el país.
Los planes de gobierno son herramientas fundamentales para entender cómo las futuras autoridades enfrentarán una actividad que ha invadido estamentos del Estado.
Sin embargo, el informe detalló que diez organizaciones políticas no han mencionado estrategias concretas sobre este problema.
Planes de gobierno de partidos ignoran problemática
La ex fiscal ambiental Karina Garay identificó que otros partidos, además de los mencionados, tampoco incluyen propuestas en sus planes de gobierno.
Entre ellos figuraron Fe en el Perú, Frente de la Esperanza y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.
También se sumaron a esta lista las agrupaciones Un Camino Diferente, Obras, Partido Perú Federal, Fuerza Perú y Perú Unido.
De acuerdo con el análisis, estos grupos no dedicaron espacio a la lucha contra la extracción ilícita de minerales.
No obstante, de esta lista, siete partidos incluyeron subtítulos sobre el tema, como Renovación Popular, pero no desarrollan un abordaje jurídico sólido.
En contraste, solo Ahora Nación, Avanza País y Fuerza Popular presentaron propuestas específicas frente a esta problemática.
Impacto de la minería ilegal en las regiones
El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que la minería ilegal se consolidó como la principal actividad delictiva del país.
Su expansión afecta directamente a regiones como Loreto, Amazonas, Huánuco, Cusco, Puno, Madre de Dios, Ucayali y San Martín.
Esta actividad genera graves consecuencias ambientales, incluyendo la destrucción de más de cien mil hectáreas de bosque en la Amazonía peruana.
Además, se registró la contaminación de más de 200 ríos debido al uso de insumos químicos para la extracción.
El impacto llega a la salud de las poblaciones indígenas, quienes presentan altos niveles de mercurio en su organismo.
Esta situación provocó daños irreversibles, especialmente en mujeres en edad fértil y en el desarrollo neurológico de los recién nacidos.
Delitos conexos y seguridad ciudadana
La minería informal e ilegal no solo genera daños ecológicos, sino que está vinculada a una cadena de delitos como el sicariato y la trata de personas.
También se detectaron casos de explotación sexual de mujeres y niñas, así como contrabando de explosivos.
Los especialistas señalaron que existe una red de contrabando que provee mercurio desde México y explosivos desde Bolivia hacia el territorio peruano.
Esta dinámica criminal incrementó los índices de inseguridad ciudadana en diversas zonas extractivas del país.
Desafíos para la formalización minera
El estudio del Observatorio Nacional de Minería Ilegal reveló una distorsión en las exportaciones, donde siete de las 10 mayores empresas exportadoras de oro son consideradas pequeña minería.
Esto implica que existen operaciones de gran escala que evaden el pago de regalías y la fiscalización ambiental.
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Karina Garay sostiene que la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal deben ser estrategias que avancen de manera conjunta.
Sin un plan de gobierno que articule estas medidas, la actividad seguirá operando bajo leyes desordenadas que fortalecen la ilegalidad.
