El Tribunal Constitucional (TC) dictó un fallo determinante respecto a la situación legal de Pedro Castillo Terrones. A través de una reciente resolución, el organismo declaró improcedente e infundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente, quien buscaba obtener su excarcelación temporal alegando una condición crítica de salud.
La defensa legal de Castillo Terrones fundamentó el recurso en la necesidad de una intervención quirúrgica del corazón, solicitando que el exmandatario fuera trasladado a un nosocomio especializado. El petitorio no solo incluía la liberación provisional para la cirugía, sino también la sustitución de la prisión preventiva por detención domiciliaria, bajo el cuidado de sus familiares y médicos particulares.
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Razones del TC para declarar infundado pedido de Pedro Castillo
El colegiado analizó los informes médicos y la historia clínica presentados en el marco de los procesos penales que Castillo enfrenta por presuntos delitos de rebelión, conspiración, organización criminal y colusión. Sin embargo, el TC determinó que no se ha acreditado una vulneración real a los derechos fundamentales del interno.
“No se demostró que el tratamiento recibido en el centro penitenciario carezca de razonabilidad o proporcionalidad, ni que exista un riesgo inminente que el sistema de salud del Estado no pueda atender”, se desprende del análisis de la resolución.
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También rechazan indemnización económica
Además de negar la libertad, el Tribunal rechazó la solicitud de una indemnización económica en caso de un eventual deterioro de su salud o fallecimiento. Según los numerales 7 al 13 de la sentencia, las condiciones de reclusión actuales cumplen con los estándares legales y no constituyen un trato degradante.
Con esta decisión, Pedro Castillo permanecerá en el penal de Barbadillo, cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 y los casos de corrupción que pesan en su contra. La resolución ya ha sido dispuesta para su publicación y notificación oficial conforme a ley.
