El presidente de la República, Pedro Castillo, observó el proyecto de ley, aprobado en segunda votación en el Congreso, que establece requisitos para el nombramiento de ministros y viceministros.
El documento planteaba que quien ocupe el cargo de ministro no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.
Además, tampoco podrán asumir el puesto personas con una investigación fiscal preparatoria o siendo procesados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.
Iniciativa también propone que resolución suprema de nombramiento incluya como anexo la declaración jurada del nombrado, donde deberá constar las investigaciones fiscales, procesos judiciales y procedimientos administrativos en el que está o estuvo incurso.
En relación al presidente del Gabinete Ministerial o titulares del Interior y Defensa, la autógrafa sostiene que “no pueden ser nombramos quienes conforme a la normativa se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas”.
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