El vacado expresidente de la República, Pedro Castillo, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la congresista Lady Camones, actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). El documento se recibió el 27 de octubre de 2025.
Pedro Castillo pide sanción contra Lady Camones
Además, el expresidente Castillo solicitó la inhibición de la congresista en el debate y votación de los informes pendientes de las Denuncias Constitucionales 547 y 575 para preservar el principio de imparcialidad.
Como sanción, pide la inhabilitación de hasta 10 años para la función pública, y de ser el caso, que se declare haber lugar a la formación de causa penal.
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Argumentos de la denuncia presentada por Castillo
El exmandatario basó su acción legal en la supuesta conducción irregular de los procesos de las Denuncias Constitucionales. Sostiene que la congresista Camones ha actuado con desapego al principio de imparcialidad, afectando su derecho a la defensa.
Uno de los hechos denunciados es la presunta negativa de la congresista a permitir la defensa personal presencial física de Castillo en la audiencia del 25 de octubre de 2025 de la SAC. Esto habría obligado a Castillo a limitarse a una defensa virtual, afectando su derecho consagrado en el artículo 2, numeral 23 de la Constitución.
Se señala también que Lady Camones impidió la presencia de su abogado en la misma audiencia. Un congresista habría intentado señalar que el abogado estaba en la puerta, pero la presidenta de la SAC respondió que existía un documento de renuncia previo y que no se había acreditado nuevamente.
Otro punto de la denuncia es el supuesto adelanto de opinión de la congresista al anunciar la proximidad del Informe Final sobre las Denuncias Constitucionales 547 y 575.
La denuncia también incluye el archivo de la Denuncia Constitucional 509 contra la presidenta Dina Boluarte y otros exministros por las muertes durante las protestas sociales. En este contexto, se atribuye a Camones una línea de conducta para sostener la impunidad.
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Golpista cuestiona a Camones
La congresista Camones, durante la sustentación del informe de archivo, habría determinado que no existían elementos probatorios suficientes para demostrar fehacientemente la infracción del deber de protección de los denunciados.
Señaló que no había pruebas irrefutables de que los denunciados utilizaron la estructura del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. El expresidente Castillo alega que esta conducta contribuyó a la afectación a los derechos de justicia y reparaciones de las víctimas.
Finalmente, la denuncia interpreta que el objetivo detrás de estas acciones es la ejecución de una consigna para eliminar competidores para las elecciones generales 2026. Alega que la pretensión de inhabilitación afectaría su derecho a elegir y ser elegido (Art. 31 de la Constitución).
