Pedro Castillo finalmente fue condenado por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
El Poder Judicial (PJ) dispuso 11 años, cinco meses y 15 días de reclusión, por lo que el expresidente seguirá en el penal de Barbadillo.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Romy Chang ‘no augura buen futuro’ a Pedro Castillo: “Su intento fue torpe, pero será sancionado”
Los jueces también decidieron que el golpista Castillo Terrones sea inhabilitado por dos años para ejercer cargo público.
“El acusado Castillo incurrió en rebelión, hecho probado”, sostuvo la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
El mismo tiempo de cárcel recibió la hoy asilada Betssy Chávez, mientras que a Aníbal Torres seis años y ocho meses, pero este último con prisión provisionalmente suspendida.
Vale precisar que el magistrado Iván Guerrero tuvo un voto singular, es decir, votó en contra de la pena impuesta contra Castillo y Chávez.
Para Guerrero, la pena para el golpista debió ser 13 años, no 11, mientras que a Torres Vásquez, 8 años y no 6.
Pedro Castillo quedó absuelto por dos delitos
Pese a que la Sala sentenció al expresidente por rebelión, quedó absuelto por el delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
“Absolver a José Pedro Castillo Terrones de la acusación fiscal por los delitos de la administración pública en la modalidad abuso de la autoridad (…) y del delito de la paz pública en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública”, indicó la jueza Norma Carbajal.
¿Hasta cuándo purgará condena?
Es así que el exjefe de Estado estará recluido hasta el 21 de mayo de 2034, teniendo en cuenta que el cómputo de los años de prisión es a partir de su detención en flagrancia.
Fiscalía pidió 34 años para Pedro Castillo
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó una pena de 34 años de prisión.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Betssy Chávez recibe sentencia de 11 años de prisión: Aníbal Torres también es condenado a 6 años
Esto por el presunto delito de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años).
La tesis fiscal sostuvo que el exmandatario planificó y ejecutó la disolución del Congreso y la intervención del sistema de justicia.
