A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la ONPE comunicó la reubicación de 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana.
Esta medida excepcional afecta directamente el local de votación de más de 40,000 ciudadanos habilitados para votar en la capital.
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Los cambios de sedes se ejecutarán en jurisdicciones como Jesús María, Lince, Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surco y Magdalena.
De acuerdo con las disposiciones del organismo electoral, los ciudadanos de Jesús María, Lince y Miraflores que emitieron su voto en espacios al aire libre durante la primera vuelta serán trasladados a instituciones educativas cercanas a sus zonas de residencia.
Por otro lado, en distritos como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surco y Magdalena, la modificación responde a que los propietarios de diversos establecimientos privados rechazaron ceder nuevamente sus instalaciones para la jornada democrática.
Cuestionamientos a la gestión electoral
El periodista Beto Ortiz cuestionó de manera directa la idoneidad de estas modificaciones en el tramo final del proceso electoral.
El conductor televisivo calificó la medida como una improvisación y señaló que este tipo de decisiones dificultan el derecho al sufragio al introducir inconvenientes físicos y logísticos para los votantes.
“Ahí hay una nueva estratagema, una nueva treta de estos pillos“, afirmó el comunicador durante la emisión de su programa.
ONPE atenta contra el derecho al voto
Por su parte, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, manifestó que la reubicación tardía de las mesas no representa un escenario óptimo para el electorado, ya que propicia la confusión y entorpece la asistencia a las urnas.
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Asimismo, el abogado penalista Luis Lamas Puccio advirtió que alterar las reglas del juego en un sistema con cuestionamientos previos exacerba el desánimo de la ciudadanía y genera un marco de incertidumbre jurídica.
Ambas opiniones técnicas coincidieron en la necesidad de que la ONPE maneje la distribución logística con mayor anticipación y transparencia para salvaguardar la legitimidad de los resultados.
