La reciente designación de Carlos Alberto Salazar Vargas Machuca como presidente ejecutivo de la OECE ha generado cuestionamientos en el sector público.
Este organismo, que reemplaza al antiguo OSCE, es el encargado de supervisar todas las contrataciones públicas y el gasto estatal. El nombramiento fue oficializado en el diario El Peruano el pasado 30 de abril con la rúbrica del mandatario José María Balcázar.
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Sin embargo, el centro de la controversia no radica en su trayectoria profesional, sino en su vínculo matrimonial. Su esposa, Betty María Portocarrero Honores, se desempeña actualmente como jefa del área de Ejecución Contractual de la ONPE. Esta situación plantea dudas sobre la independencia y la ética pública en la gestión de recursos estatales.
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) maneja los sistemas más sensibles del aparato administrativo. Su función principal es establecer las reglas del juego para adjudicaciones, servicios y obras a nivel nacional. Mientras tanto, Portocarrero ocupa un puesto clave en la logística y adquisiciones de una de las entidades electorales más importantes.
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Contratos en sospecha
La funcionaria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pertenece al régimen laboral 728 y percibe una remuneración mensual superior a los 10 mil soles. Su labor implica la firma y autorización de contratos de gran envergadura económica para los procesos electorales. Documentos revelan que Portocarrero visó la buena pro de procesos hoy investigados por la Contraloría y la Fiscalía.
Uno de los casos más relevantes involucra a la empresa Galaga, la cual ha recibido adjudicaciones millonarias en los últimos años. Solo en lo que va del 2026, esta compañía ha obtenido más de 8 millones de soles en contratos con la ONPE.
Previamente, en 2025 y 2024, acumuló montos similares en diversas entidades como la Diris Lima Sur y el Cenares.
La última adquisición autorizada por la esposa del titular de la OECE superó los 6 millones de soles. Estos movimientos financieros coinciden con un periodo de críticas hacia la gestión pública por deficiencias logísticas.
Hasta la fecha, no se han registrado descargos oficiales por parte de Salazar ante las interrogantes planteadas por los medios.
