Extorsiones, asaltos, secuestros y sicariato han convertido la vida diaria en un territorio hostil. Cada llamada, moto o esquina oscura se ha vuelto una amenaza. En este contexto, la acusación de que existen “leyes pro-crimen” se ha difundido con insistencia.
Esta narrativa, calificada de contundente y seductora, proviene de espacios que moldean la opinión pública desde un enfoque rígido y emocional. Se señala un sesgo ideológico en su difusión.
El método para propagar esta idea es sencillo: se presenta un argumento aparentemente convincente, se establece al Congreso como el villano útil, y se crea una explicación lista para la repetición en redes sociales y por ciertos opinólogos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que este relato emocional.
¿Existen leyes pro-crimen?
Expertos sostienen que ninguna de las leyes cuestionadas tiene como objetivo favorecer al crimen. Estas normas surgieron para enmendar vacíos o fallas antiguas y profundas del sistema de justicia peruano.
El sistema judicial peruano ha sido históricamente corroído por décadas de abusos, contradicciones y prácticas arbitrarias del Ministerio Público y el Poder Judicial.
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Las supuestas leyes cuestionadas
1. La ley que regula los plazos de prescripción (Ley Soto)
La llamada “Ley Soto” fue acusada de intentar liberar corruptos. La norma, sin embargo, corrigió un abuso de la Corte Suprema.
Dicho abuso consistía en estirar indefinidamente los plazos de prescripción, permitiendo que personas sean investigadas sin sentencia por dos o tres décadas. En ningún sistema democrático, el Estado puede perseguir un delito al infinitum, salvo excepciones justificadas.
2. Modificación del tipo penal de organización criminal
La reforma del tipo penal de organización criminal fue criticada por supuestamente debilitar la lucha contra las mafias. En la práctica, la ley corrige una distorsión.
Durante años, cualquier grupo de solo tres personas era calificado como organización criminal altamente peligrosa. Un ejemplo claro de esta aplicación distorsionada es el caso PPK, donde un expresidente, su secretaria y su chofer fueron investigados por varios años por organización criminal.
3. Ajustes a la Colaboración Eficaz
La modificación a la colaboración eficaz también ha sido satanizada. Sus críticos señalan que limita la capacidad de la Fiscalía para combatir la corrupción.
La ley en realidad corrige prácticas peligrosas. Estas prácticas incluían fiscales que negociaban con detenidos sin la presencia de sus abogados o procesos de colaboración que tardaban varios años sin concluir, incluso hasta el asesinato de los colaboradores. El caso más conocido es el de José Miguel Castro, alias “Budían”, testigo principal en el caso “Las Chalinas Verdes”.
Origen del problema
Especialistas concuerdan en que el verdadero punto de quiebre en la situación de seguridad no se encuentra en las reformas de 2024, sino en una decisión política previa. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski implementó una política de fronteras abiertas, sin filtros adecuados ni verificación real de antecedentes.
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En pocos años, ingresaron al Perú más de un millón trescientos mil extranjeros, muchos de ellos sin un solo registro fiable.
A pesar de este factor en la política migratoria, la izquierda mediática ha preferido señalar al Congreso como el culpable perfecto. El mensaje ha calado en sectores que buscan explicaciones rápidas. Sin embargo, al revisar el contenido real de estas leyes, el relato se derrumba.
Narrativa de las leyes pro-crimen
La razón por la que esta narrativa ha sido tan eficaz es que lo que está en juego no es la seguridad ciudadana, sino el poder. Existe una Guerra Fría entre el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial, donde cada institución disputa el control. Cada ley se interpreta por el territorio que supuestamente invade, no por su contenido.
La narrativa de las “leyes pro-crimen” es, por lo tanto, un arma política en este conflicto. El Congreso, con todos sus problemas, no es el responsable del desborde incontrolado del crimen organizado. Acusarlo de promover leyes pro-crimen es una mentira útil para quienes necesitan culpables fáciles.
