La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) se pronunció sobre la reunión de congresistas de su bancada con el premier Aníbal Torres.

Ello, en relación al encuentro sostenido entre los fujimoristas Raúl Huamán y Jeny López con el titular de la PCM para gestionar la apertura de una oficina de Agro Rural en Ucayali con la finalidad de apoyar a los productores agropecuarios.

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La parlamentaria no consideró "oportuno" que se reúnan con "personas que estén involucradas en supuestos delitos". Sin embargo, afirmó que escuchará a los integrantes de su bancada.

"Para mí no es oportuno ninguna reunión con personas que estén involucradas en supuestos delitos, pero nosotros tenemos que escuchar a los parlamentarios de mi bancada", dijo a la prensa.

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"Esperemos que esto no nos debilite y a ustedes siempre le hemos dicho que nuestro comportamiento se refleja en los votos", añadió.

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La legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sostuvo que "no le haría caso" al informe final emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas en contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"La CIDH es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la CIDH para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra", dijo Moyano a la prensa desde el Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria de FP consideró que el Perú "ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática".

El cuestionado documento del ente internacional ha sido cuestionado por su sesgo ideológico al no rechazar con contundencia la quema de comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, ni la toma de aeropuertos, así como tampoco el asesinato de un suboficial de la Policía, que fue quemado vivo, o la muerte de seis soldados en el río Ilave tras ser atacados a pedradas por los manifestantes, y menos aun los fallecimientos ocurridos por el bloqueo de vías.

Lo anterior descrito es considerado para la CIDH solo como "situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta".