La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) se pronunció sobre la denuncia contra la ministra de Cultura, Betssy Chávez, por presuntamente favorecer a familiares de Abel Sotelo Villa, con quien mantendría una vínculo sentimental.

Por tal motivo, consideró que debe dar explicaciones al pueblo, debido a que habría utilizado "vehículos de Estado que la esperan hasta altas horas sin ejercerla función pública".

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“Ella debe dar explicaciones al pueblo, ella debe explicar concretamente. Sus relaciones sentimentales son temas personales pero si usa vehículos del Estado que la esperan hasta altas horas sin ejercer la función pública, ahí tenemos un problema”, dijo a la prensa.

“Tiene que dar explicaciones, tenemos que tener claras las cosas, pero si eso hace que beneficie a alguien, debe dar explicaciones. No puedo adelantar opinión porque pertenezco a una bancada y tenemos que discutirlo en la bancada”, acotó.

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De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, Betssy Chávez dio trabajos en el Estado a dos familiares del comerciante Abel Sotelo Villa. Es decir, a su padre Antonio Sotelo Calderón y a su hermano Marco Antonio Sotelo.

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La legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sostuvo que "no le haría caso" al informe final emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas en contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"La CIDH es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la CIDH para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra", dijo Moyano a la prensa desde el Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria de FP consideró que el Perú "ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática".

El cuestionado documento del ente internacional ha sido cuestionado por su sesgo ideológico al no rechazar con contundencia la quema de comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, ni la toma de aeropuertos, así como tampoco el asesinato de un suboficial de la Policía, que fue quemado vivo, o la muerte de seis soldados en el río Ilave tras ser atacados a pedradas por los manifestantes, y menos aun los fallecimientos ocurridos por el bloqueo de vías.

Lo anterior descrito es considerado para la CIDH solo como "situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta".