La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Martha Moyano, manifestó que el informe de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, debería salir entre 10 a 15 días.

\"Si hay una decisión con lo de Dina Boluarte, debería ser un promedio de entre 10 a 15 días hábiles\", dijo en el programa Edición Especial.

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Moyano explicó que la Comisión Permanente autoriza investigar con un plazo de 15 días. \"La subcomisión delegó en el señor [Edgard] Reymundo un plazo de 5 días iniciales para que traiga un informe de pertinencia de pruebas y solicitud de audiencia\", expresó.

La parlamentaria sostuvo que el plazo que se le dio al legislador Reymundo (Cambio Democrático) ya venció. \"El plazo de pertinencia de prueba ya venció\", dijo.

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La legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sostuvo que "no le haría caso" al informe final emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas en contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"La CIDH es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la CIDH para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra", dijo Moyano a la prensa desde el Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria de FP consideró que el Perú "ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática".

El cuestionado documento del ente internacional ha sido cuestionado por su sesgo ideológico al no rechazar con contundencia la quema de comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, ni la toma de aeropuertos, así como tampoco el asesinato de un suboficial de la Policía, que fue quemado vivo, o la muerte de seis soldados en el río Ilave tras ser atacados a pedradas por los manifestantes, y menos aun los fallecimientos ocurridos por el bloqueo de vías.

Lo anterior descrito es considerado para la CIDH solo como "situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta".