Keiko Fujimori, presidenta electa, ya formó su comisión de transferencia para recepcionar la información que brindará el gobierno de José María Balcázar.
Marco Vinelli, jefe de equipo que ha organizado la lideresa de Fuerza Popular, es investigado, pero no es el único. ‘ContraCoriente’ estudió cada expediente y halló diversos cuestionamientos.
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La comisión de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori está integrado por un total de 69 personas: 54 hombres y 15 mujeres. De ellos, 18 están o estuvieron afiliados a partidos políticos; 3 tienen vínculo con Fuerza Popular, uno con Somos Perú, uno con Libertad Popular y uno es exmilitante de Alianza para el Progreso. Pero antes de revisar nombres, mochilas y antecedentes.
¿Qué significa comisión de transferencia?
Se revisan, en síntesis, tres grandes temas. Primero: el presupuesto. Es decir, cuánto dinero queda, cómo va la ejecución presupuestal, qué obras están pendientes, qué proyectos están encaminados y qué compromisos ya asumió el Estado.
Segundo: el personal. Cuántas personas trabajan en la entidad, quiénes están nombrados, quiénes tienen contratos CAS, FAG o PAC, o qué cargos clave quedan ocupados. El tercero: las contingencias legales. Qué procesos judiciales, arbitrales, administrativos o fiscales tiene cada institución, en qué etapa están y qué riesgos hereda el nuevo gobierno.
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En primer lugar, 11 integrantes de la comisión de transferencia forman actualmente parte del Estado. De ellos, 9 pertenecen al gobierno de José María Balcázar y 2 trabajan en el Congreso actual; y 13 estuvieron en la gestión de Dina Boluarte.
Entre los casos actuales están José Fernando Recoba Martínez y Shirley Montenegro, quienes trabajan en el Congreso de la República. Javier Macías Astengo es vicepresidente del consejo directivo de OSITRAN. Paola Lobatón es directora del MIDIS y José Ernesto Vidal Fernández trabaja en el Ministerio de Energía y Minas.
Integrantes cuestionados
De las 69 personas revisadas, 6 aparecen mencionadas en informes de la Contraloría donde se identificaron presuntas irregularidades durante sus gestiones como funcionarios públicos.
De ese grupo, por lo menos 3 también registran investigaciones en el Ministerio Público. Uno de ellos es Juan Carlos González Hidalgo, integrante del equipo de transferencia del Ministerio de Salud. Además, es exmiembro de Alianza para el Progreso. Él tiene procesos por concusión, negociación incompatible, falsificación documentaria y falsedad ideológica.
Otro caso es Tábata Dulce Vivanco de Castillo, actual presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Registra, amargamente, dos reportes de Contraloría por su paso por la PCM y también investigaciones fiscales por presuntos delitos de negociación incompatible y colusión con defraudación patrimonial al Estado.
César Juan Segura Robles, integrante del equipo de transferencia del Ministerio de Energía y Minas. Tiene dos informes de Contraloría vinculados a su trabajo en ese sector y registra investigaciones fiscales por presunta negociación incompatible y concusión.
Más nombres en la lista
Otros nombres también destacan en la lista. Uno es José Luis Pantaleón Alatriesta, quien fue edecán de Alberto Fujimori, padre de la hoy presidenta electa.
Otro es Carlos Octavio Sacovertiz Tudela, director alterno y miembro del comité corporativo del Grupo Intercorp. Un nombre que llama la atención además porque hace un tiempo Keiko Fujimori se pronunció sobre la caída del techo de Real Plaza Trujillo, centro comercial perteneciente a este conglomerado.
Así empieza la transferencia. Para saber qué estado recibe Keiko Fujimori, pero también para saber con quiénes piensa gobernar. Y ahí, la mochila y el pasado de algunos ya empezó a hacer ruido.
