El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, fue autorizado por el gobierno de Dina Boluarte para trasladarse hasta la ciudad de Ginebra, en Suiza, entre el 6 y el 11 de septiembre, con el fin de participar en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La medida ha sido oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 190-2025-PCM, publicada recientemente en el Diario Oficial El Peruano.
Encargo temporal del Ministerio de Justicia
Durante la ausencia de Santiváñez, el despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será asumido por el ministro de Salud, César Vásquez.
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La norma establece que el viaje no contempla beneficios tributarios ni exoneraciones de derechos aduaneros.
Agenda internacional de Juan José Santiváñez
Según la parte considerativa de la resolución, la agenda de Santiváñez en Ginebra incluye la participación en la presentación del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reuniones bilaterales con autoridades de este organismo y un encuentro con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Asimismo, el alto funcionario intervendrá en el debate general acerca del informe del Alto Comisionado y en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos con el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.
Fortalecimiento de la presencia peruana
La resolución subraya que la asistencia del ministro permitirá fortalecer la presencia del Estado peruano en foros internacionales de derechos humanos, ya que se abordarán temas relacionados con la cooperación técnica y el diálogo constructivo entre Perú y los órganos de la ONU.
El documento lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte; del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana; y del propio Santiváñez.

Antecedentes de Santiváñez
Juan José Santiváñez juró en el cargo el pasado 23 de agosto, después de haber sido censurado como ministro del Interior por el Congreso.
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El actual titular de Justicia mantiene investigaciones en curso en el Ministerio Público. Una de estas lo sindica de supuestamente haber realizado injerencias irregulares ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país, medida que continúa vigente en 2025.









