Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, se encuentra en el centro del debate debido a presuntas inconsistencias en sus reportes de gastos presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A pesar de que el plazo para la entrega del informe de desembolsos venció el pasado 27 de marzo, la agrupación política ha declarado un gasto de apenas 93 mil soles. Esta cifra ha generado cuestionamientos, ya que el despliegue logístico observado durante la campaña electoral parecería superar ampliamente el monto oficial reportado por la tesorería del partido.
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Una de las omisiones más críticas identificadas es la falta de registro del uso de su local partidario ubicado en el centro de Lima.
Según los registros del SAT, dicho inmueble es administrado por el empresario Leopoldo Louis Cajahuanca. La ausencia de este activo en los reportes financieros constituye una falta que podría derivar en sanciones administrativas.
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De acuerdo con la abogada Silvia Guevara, basándose en el artículo 36 del reglamento de la ley de fondos partidarios, las multas para los candidatos que omitan este tipo de información pueden oscilar entre las 30 y 100 UIT.
¿Roberto Sánchez es apoyado por alguien de Cancillería?
La situación de vivienda de Roberto Sánchez también ha despertado interés en el marco de la fiscalización electoral.
El candidato ha consignado como su residencia un departamento en el distrito de San Borja. Este inmueble pertenece a Cristina Gianina Escala, quien se desempeña profesionalmente en la Cancillería, lo que ha generado interrogantes sobre si se trata de un alquiler o un aporte de campaña.
Mientras se resuelven estas dudas financieras, el candidato ha mantenido una agenda de movilización social. Recientemente, se convocó a una marcha frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de defender su posición en el proceso electoral. Sin embargo, el propio Sánchez no estuvo presente en el plantón por encontrarse de viaje en Bambamarca, Cajamarca.
La incertidumbre sobre quién financia realmente las actividades de Roberto Sánchez y la operatividad de sus marchas persiste. La ONPE deberá determinar si las omisiones en el informe de gastos son errores subsanables o infracciones directas a la normativa de transparencia política vigente en el país.
