El control de los centros penitenciarios en el Perú ha dejado de ser una cuestión de seguridad nacional para convertirse, aparentemente, en una codiciada moneda de cambio política. En el centro de esta trama se encuentra Shadia Valdez Tejada, actual jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y viceministra de Justicia, cuyo ascenso meteórico desafía toda lógica meritocrática y técnica.
Valdez, abogada tacneña, ostenta hoy un poder dual sobre un sistema colapsado con más de 112 mil internos. Sin embargo, su legajo profesional presenta grietas profundas. Para acceder al cargo, que exige cinco años de experiencia, Valdez presentó constancias de estudios jurídicos que, según registros de la SUNAT, ni siquiera habrían iniciado actividades en las fechas declaradas. Una inconsistencia que sugiere que su llegada al despacho no fue por capacidad, sino por designación estratégica.
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El nexo con José Luna Gálvez
La trayectoria de Valdez no se explica sin José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú. La relación data de 2014, cuando ambos militaban en Solidaridad Nacional. Años después, Valdez no solo integró la bancada de Podemos, sino que aportó la suma de S/ 93,000 a la campaña de 2021, una cifra sorprendente para el entorno económico de su familia.
Esta cercanía política se entrelaza con el entorno de Betssy Chávez. Mientras la ex premier se encuentra asilada, su madre, Herminia Chino, postula al Congreso por el partido de Luna. El círculo se cierra: una exasesora de Chávez, vinculada financiera y políticamente a Luna, termina dirigiendo el ente que controla las cárceles del país.
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¿Por qué el INPE?
A diferencia de otros partidos que buscan ministerios con grandes planillas, el interés de Podemos en el sector Justicia parece obedecer a una visión a largo plazo. Actualmente, se proyecta una inversión de 800 millones de dólares para la construcción de tres nuevos penales. Quien controla el INPE, controla las licitaciones, las obras y, sobre todo, el centro de operaciones desde donde las bandas criminales manejan economías ilegales.
En un sistema donde el crimen organizado se gestiona tras las rejas, la colocación de fichas políticas en cargos clave del Estado deja de ser una sospecha para convertirse en una amenaza a la institucionalidad.
