El congresista José Cueto ha alzado su voz para cuestionar la decisión de México de otorgar asilo a la exministra y expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra en la embajada de dicho país tras recibir una condena judicial por su implicación en eventos relacionados con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Cueto, en sintonía con un sector de la opinión pública, sostiene que la figura del asilo político está siendo mal utilizada en este caso. Su argumento central es contundente: “Esta señora no es ninguna perseguida política, es una delincuente“. La crítica se intensifica debido a que Chávez fue sentenciada recientemente, un hecho que, para el congresista, elimina cualquier justificación para el asilo.
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“Ha sido hoy día sentenciada con más razón por un delito, o sea, debería…”, enfatizó Cueto, sugiriendo que la coherencia y el respeto al derecho internacional deberían prevalecer. La situación se agrava, según el congresista, por la tradición y las convenciones internacionales, como la de Caracas, que no deberían permitir que personas condenadas por delitos comunes busquen refugio bajo el pretexto de la disidencia política.
José Cueto apunta contra asilo a Betssy
José Cueto incluso fue más allá, haciendo un llamado directo a la autoridad diplomática mexicana: “Si tuviera un poco de sangre en la cara esta señora mexicana debería dar la orden para que la saque de la embajada y que cumpla su condena”. Esta declaración subraya la frustración que existe ante lo que se percibe como un abuso de la figura de asilo en la región.
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El congresista también hizo referencia a esfuerzos a nivel de la Cancillería para revisar y cambiar algunos términos de la Convención de Caracas, con el fin de evitar que “varias entidades usen mal el asilo”. El Perú, según el parlamentario, cuenta con un articulado claro que no respalda la idea de que Chávez sea una perseguida.
La permanencia de Chávez en la embajada, pese a su condena, mantiene vivo el debate sobre los límites del asilo político y la soberanía jurídica de los países de la región.
