El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo la presidencia de la doctora María Teresa Cabrera Vega, resolvió por unanimidad la destitución de Delia Espinoza de su cargo como fiscal suprema del Ministerio Público.
La medida responde al desacato manifiesto de la Resolución n.° 231-2025-JNJ, la cual ordenaba el restablecimiento inmediato de funciones de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación.
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Fundamentos de la destitución de Delia Espinoza
La determinación del pleno se produjo tras la exposición del informe a cargo del vicepresidente de la entidad, el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo. Según el expediente del Procedimiento Disciplinario n.º 061-2025-JNJ, Espinoza Valenzuela incurrió en faltas calificadas como “muy graves”, tipificadas en el artículo 47 (inciso 6 y numeral 13) de la Ley de la Carrera Fiscal.
El núcleo del conflicto legal reside en la naturaleza de la Resolución n.° 231-2025-JNJ. Este acto administrativo, emitido bajo la potestad de nulidad de oficio, posee un carácter declarativo y de ejecución inmediata.
La JNJ enfatizó que la resolución no admitía interpretaciones dilatorias ni conductas de espera; su sola emisión obligaba al cese de cualquier afectación a los derechos fundamentales de la magistrada Benavides.
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Contexto judicial y medidas adicionales
La resolución de la JNJ permitió que un juzgado constitucional declarara la sustracción de la materia en el proceso de Benavides, dado que la actual gestión de la Junta subsanó las vulneraciones al debido proceso. No obstante, sobre la ahora destituida Delia Espinoza ya pesaba una medida cautelar de suspensión provisional desde el 19 de septiembre de 2025.
Finalmente, el pleno dispuso la remisión de copias certificadas del proceso al Ministerio Público. Esta acción busca que la Fiscalía investigue presuntas irregularidades adicionales, tales como la adquisición de insumos —velas para “vigilias” y otros conceptos— mediante el uso de la caja chica de la institución.
Con esta sentencia, la JNJ reafirma el principio de autoridad y la obligatoriedad de sus resoluciones administrativas en el marco de la carrera fiscal.
