El JNE (Jurado Nacional de Elecciones) emitió una alerta oficial dirigida a la ciudadanía para informar sobre los retrasos en el procesamiento de resultados.
Según el organismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no remitió la totalidad de las actas observadas generadas durante las elecciones generales 2026.
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Estos documentos se encuentran actualmente bajo la custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), lo que impide que los Jurados Electorales Especiales (JEE) completen la revisión correspondiente para el cómputo final de los votos.
JNE sobre entrega de actas
De acuerdo con el reporte oficial, los JEE se encuentran resolviendo actualmente 33,624 actas observadas que ya fueron remitidas.
No obstante, existe un saldo pendiente de aproximadamente 30,000 actas adicionales que no han sido entregadas por la ONPE.
El JNE enfatizó que la recepción de este material es indispensable para la culminación del cómputo electoral y para garantizar el cumplimiento estricto del cronograma establecido para estos comicios.
Asimismo, la institución comunicó que aún no dispone de los ejemplares de las actas electorales que le corresponden por ley.
Estos documentos son estrictamente necesarios para realizar el cotejo respectivo ante posibles recursos de apelación, permitiendo que el organismo ejerza su función jurisdiccional como última y definitiva instancia en materia electoral en el país.
Impacto en el cronograma de las elecciones 2026
La falta de remisión del material electoral por parte de la ONPE está generando retrasos significativos en el desarrollo del proceso.
Esta situación compromete el adecuado ejercicio de las funciones del sistema electoral y la oportunidad en la proclamación de los resultados oficiales.
Ante este escenario, el JNE ha reiterado la solicitud de envío con carácter de urgente y bajo responsabilidad administrativa.
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La exigencia incluye la remisión inmediata de la totalidad de las actas observadas y los ejemplares faltantes.
El objetivo de este requerimiento es asegurar la continuidad del proceso electoral bajo los principios de transparencia y legalidad, permitiendo que la voluntad popular sea procesada dentro de los plazos técnicos establecidos por la normativa vigente.
