El indulto de Pedro Castillo sigue en agenda, a pesar que esta medida ha sido rechazada en seis ocasiones. El presidente José María Balcázar tiene como prioridad que el golpista abandone el penal de Barbadillo.
Los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funcionaron como el principal filtro legal para desestimar las solicitudes anteriores. Sin embargo, hay presiones en el entorno cercano de Balcázar que están presionando para que Castillo Terrones obtenga la gracia presidencial.
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El ministro se negó
Este plan no se desarrollado por completo porque el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, se negó en firmar la resolución que viabilizaría el indulto presidencial a favor de Castillo. Esta situación alimentó especulaciones en el entorno político sobre su posible remoción o salida del Gabinete Ministerial.
En paralelo a la falta de consenso sobre el beneficio legal, la administración central dispuso modificaciones en diversos cargos del sector Justicia. Estos relevos en posiciones estratégicas coinciden con el periodo de debate interno sobre la viabilidad técnica y política de la medida de gracia.
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¿José María Balcázar podría ser censurado?
El Poder Legislativo formalizó su oposición ante un eventual decreto de liberación para el exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. Diversas bancadas parlamentarias adelantaron las acciones de control político que se activarían de manera inmediata si la iniciativa prospera.
“Se lo he dicho al presidente José Balcázar. Él activa la gracia presidencial, lo que va a corresponder es que inmediatamente, el Congreso, en sesión extraordinaria, lo censure y se vaya de la presidencia”, indicó el congresista Diego Bazán a ‘ContraCorriente’.
Además, agregó: “Él tiene que medir, que el expresidente Pedro Castillo está en prisión por hechos de corrupción y el golpe de Estado. Sería inconstitucional que el señor Balcázar le dé la gracia presidencial del indulto. Hay que decirlo con claridad, no hay una sentencia firme contra Pedro Castillo. Entonces, todo lo que haría Balcázar, estaría fuera del marco legal”.
De este modo, el escenario legal de Pedro Castillo continúa supeditado a las evaluaciones técnicas ministeriales, mientras el debate técnico-político sigue sumando tensiones entre los poderes del Estado.
