Ahora Nación se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse un millonario contrato. El hijo del líder de la agrupación, Alfonso López Chau, suscribió un contrato.
La firma se realizó sin que este tuviera el cargo formal de tesorero dentro de la organización. El objetivo del millonario pacto fue asegurar los servicios del asesor extranjero Jordi Segarra.
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El monto total del acuerdo asciende a los 175 mil dólares, una cifra que despierta diversas alarmas financieras.
Este gasto no fue reportado oportunamente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El rol del hijo de López Chau
Luis Alfonso López Chau Pastor, quien es el hijo del candidato presidencial, figura directamente en los documentos del contrato. Su firma aparece representando los intereses financieros del partido político.
A pesar de las evidencias, el implicado niega ser el cajero o administrador real de los fondos económicos.
Diversos analistas señalan que estas acciones vulneran la transparencia electoral exigida por la ley peruana.
El asesor andorrano Jordi Segarra confirmó que su labor en el país se desarrolló bajo una condición irregular. El estratega internacional admitió no contar con una visa de trabajo correspondiente.
Posibles implicancias legales y fiscales para Ahora Nación
Especialistas jurídicos advierten que omitir estos reportes ante la ONPE constituye una falta muy grave.
El caso podría derivar en una investigación formal por el presunto delito de lavado de activos.
La procedencia del dinero utilizado para pagar al asesor extranjero sigue siendo un misterio para las autoridades.
El hijo de López Chau asegura que los fondos provienen exclusivamente de aportes de campaña.
Sin embargo, los registros oficiales muestran que la organización política declaró tener cero ingresos en ese periodo.
Esta contradicción técnica agrava la situación legal de la dirigencia de Ahora Nación.
La situación de la sede partidaria oficial
Una inspección en la dirección registrada como local central de la agrupación reveló otra gran inconsistencia.
En el inmueble fiscalizado opera un negocio familiar totalmente ajeno a la actividad política.
El establecimiento comercial, denominado Dulce Rincón, funciona como una pastelería y restaurante de menús diarios. Los encargados del predio afirmaron desconocer las funciones de una sede partidaria.
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Esta serie de irregularidades coloca al partido en una posición sumamente compleja ante el Ministerio Público.
Las autoridades electorales iniciarán las auditorías correspondientes para determinar las sanciones respectivas.
