Hasta IDL y Sigrid Bazán rechazan denuncia de Patricia Benavides por muertes en violentas protestas: "Busca distraer la atención"

En respuesta a la sindicación de que lideraría una presunta red criminal que habría influenciado ilegalmente en el Congreso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tuvo mejor idea que presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros exministros (César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero) por las muertes durante las violentas protestas de diciembre del año pasado e inicios de este.

La titular del Ministerio Público le imputa a los mencionados la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

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Sin embargo, la denuncia de Benavides ante el Parlamento no ha caído nada bien en el sector izquierdista. Es así que, por ejemplo, la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señaló que la fiscal de la Nación busca "desviar la atención".

"Patricia Benavides no asume la responsabilidad de dar un paso al costado a fin de no afectar las investigaciones. Se aferra al cargo y usa a las víctimas de violencia de este Gobierno para desviar la atención ¡Qué vergüenza!", publicó Bazán en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En el mismo sentido, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, dijo que la acusación es incompleta y tendría como única finalidad distraer a la ciudadanía.

"Es una acusación sin mayor sustento, que fácilmente va a ser devuelta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esa denuncia está hecha a último momento. Han cerrado los plazos de investigación, que eran ocho meses más contando desde setiembre", manifestó al diario La República.

Como se recuerda, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lideraría una organización criminal, que estaría conformada, además, por su exasesor Jaime Villanueva, quien ha sido detenido preliminarmente, y su otro asesor, Miguel Ángel Girao Isidro, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza.

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Esta red criminal habría intervenido en la eventual remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien se encarga de presidir la comisión especial de selección de los integrantes de la JNJ, y en la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Todo esto a cambio de archivar investigaciones en contra de los legisladores.