El excanciller Javier González-Olaechea emitió un contundente rechazo a la sentencia impuesta a la expremier Betssy Chávez por su participación en el golpe de Estado de 2022.
Si bien el exfuncionario consideró que la condena tiene “fundamento y sustento”, no dudó en calificarla de “generosa” y, específicamente en lo que respecta a la inhabilitación política, la tachó de “tomadura de pelo” e “inaceptable”.
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Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de prisión, recibió adicionalmente una sanción de inhabilitación por un periodo de dos años, un punto que desató la dura crítica del excanciller.
“Una inhabilitación de dos años es, disculpen, señores magistrados, una tomadura de pelo, es inaceptable. Porque querría decir que en 2 años podrían postular“, advirtió.
En un tono enérgico, el excanciller sugirió que un delito de tal magnitud contra la institucionalidad merecería una pena mucho más severa: “Yo le hubiera dado 30 años“.
México hace abuso de asilo
En otro momento, Javier González-Olaechea acusó directamente al gobierno mexicano de realizar un “uso y abuso del derecho internacional” y de utilizar el asilo como un “instrumento de impunidad“.
Recordó que la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954) prohíbe explícitamente conceder este beneficio a personas que se encuentran “procesadas o inculpadas por tribunales competentes“.
Al otorgar el asilo a Chávez, el gobierno de México “viola claramente el primer párrafo del Artículo 3 de la Convención de Caracas“, un acto que González-Olaechea calificó como “ilícito” o “ilegal”.
Desmiente persecusión
Fue categórico al rechazar la narrativa de que Betssy Chávez sea una perseguida política. Para reforzar su argumento, contrastó la situación de Perú con regímenes donde los poderes del Estado están concentrados.
“Si hubiera perseguidos políticos, si fuéramos Venezuela, todos los poderes están concentrados en una sola mano. Entonces el Tribunal Constitucional hubiera respondido, o hubiera respondido al Maduro peruano. Aquí no hay Maduro peruano“, sentenció.
Esto en referencia a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la libertad de Chávez durante su prisión preventiva.
El exfuncionario también citó el caso de la esposa de Pedro Castillo, quien se encuentra asilada en México junto a su hijo menor, como evidencia de la politización del asilo.
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“(México) no solamente está manteniendo a una prófuga de la justicia. Recordemos que tiene a la señora de Castillo, que no ha sido imputada por nada, la tiene allí con su menor hijo de asilada política“.
González-Olaechea hace recomendación
Finalmente, al ser consultado sobre la posición que debería tomar Perú, González-Olaechea sugirió, como postura personal, que la situación diplomática “continúe como está“, pero reconoció que el problema central reside en la reacción de la comunidad internacional.
“No estamos solos en el mundo. Usted hablaba de los vecinos. ¿Cuál cree que pueda ser la lectura de los demás países frente a esta tensión diplomática?” preguntó, aludiendo a cómo la ideología de los líderes regionales (como los casos de Noboa en Ecuador o Lula en Brasil) influirá en la percepción de la crisis.
