El Gobierno presentó un paquete de 14 medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad en el país. La propuesta fue expuesta por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, ante la Comisión de Constitución del Congreso.
La iniciativa, liderada también por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, busca modernizar las herramientas legales del sector. Uno de los puntos centrales es la inminente creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Este nuevo ente rector absorberá las funciones del actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
El INPE está desfasado, aseguran desde el Gobierno
El ministro Martínez indicó que la estructura organizacional del INPE está desfasada y no corresponde a la realidad delictiva del país.
Se espera que la SUNIR materialice una estructura moderna, especializada y eficiente para el tratamiento y la seguridad penitenciaria. El objetivo principal de esta reestructuración es reducir el nivel de reincidencia delictiva y la infracción de la ley penal.
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Proponen fortalecer el Régimen Cerrado Especial
El plan incluye modificaciones al Código de Ejecución Penal para fortalecer el control de internos de peligrosidad extrema. Se plantea crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión en beneficios.
Asimismo, se busca restringir beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos como extorsión y homicidio calificado. Para combatir el uso de tecnología ilegal, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en penales.
Esta sanción se aplicará a quienes instalen, financien u operen las redes ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Gobierno y las medidas urgentes para luchar contra la extorsión
El ministro Martínez destacó medidas prioritarias y urgentes para luchar contra la extorsión, un delito en aumento. Se regulará la inteligencia criminal como fase preprocesal, agilizando la obtención de información crucial.
Además, la extorsión se incluirá en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en un plazo de 24 horas. También se autorizará la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro.
Otra propuesta clave es la reducción del plazo para destruir armas incautadas, pasando de tres años a solo uno. Esta medida busca evitar el reingreso de las armas al mercado ilícito, con supervisión obligatoria del Ministerio Público.
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Agilización de procesos y acceso a la justicia
El paquete de reformas incluye la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC). Este subsistema contará con fiscalías, juzgados y unidades policiales altamente especializadas en este tipo de crimen.
En el ámbito de la justicia juvenil, se propone que los juzgados funcionen de forma unipersonal en lugar de colegiada. Esta modificación apunta a agilizar los procesos judiciales que involucran a menores infractores.
El incremento de delitos como sicariato y extorsión exige una respuesta rápida y sin interferencias para la Policía Nacional.
Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley N.° 31061 para evitar interferencias a las operaciones de la PNP en la persecución del delito durante los estados de emergencia.
Plantean la creación de la SUNADEP
Finalmente, para mejorar el acceso a la justicia para miles de ciudadanos, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios de defensa pública.
La proyección es aumentar el número de defensores a un mínimo de 14 por cada 10,000 personas en situación de pobreza.
