El gobierno de José Jerí reglamentó la Ley N.° 32490 como parte de su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Estas disposiciones complementarias tienen el objetivo de disminuir los altos índices de extorsión y sicariato que se están dando en el transporte público.
- TAMBIÉN PUEDES VER: ATU niega irregularidades para adquirir cámaras de videovigilancia para buses de transporte público: “No hay postulantes”
Este domingo 18 de enero, publicó el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM que dispone la implementación inmediata de integrales que abarcan prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica, consolidando una estrategia de Estado frente a la extorsión y el sicariato.
¿Cuáles serán las medidas de prevención y control financiero?
El control financiero de los vinculados a pagos extorsivos estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional, con el objetivo de detectar y desarticular las redes económicas del crimen organizado.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Cuatro días después de reunión de Jerí con empresario chino, Fuerza Popular presenta PL para exonerar impuestos a cámaras
Además, se establecerán mecanismos de inteligencia policial mediante la elaboración de mapas delicados georreferenciados para identificar zonas críticas y optimizar la planificación de operativos preventivos y disuasivos.
Tecnología contra el crimen
Esta norma también faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico integrados a los sistemas de comando y control policial.
También la PNP, integrada a Cibernética e Inteligencia, tendrá acceso a sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y regionales.
