El Poder Ejecutivo ha oficializado la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario. Esta medida, que busca mitigar los altos índices de criminalidad y los brotes de violencia en la capital, entrará en vigencia a partir del lunes 30 de marzo de 2026.
Bajo el marco del Decreto Supremo N° 044-2026-PCM, la Policía Nacional del Perú (PNP) conservará el control del orden interno, contando nuevamente con el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas.
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Estrategia de seguridad y control del orden interno en estado de emergencia
A diferencia de medidas genéricas, el dispositivo legal especifica que las intervenciones se realizarán de manera focalizada. Para ello, se utilizarán herramientas de precisión como la inteligencia policial, mapas del delito y estadísticas actualizadas que identifiquen los puntos críticos de mayor peligrosidad.
Durante la vigencia de esta medida, se mantendrá la suspensión o restricción de derechos fundamentales contemplados en el artículo 137 de la Constitución. Esto incluye la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. En la práctica, esto faculta a las fuerzas del orden a realizar operativos de fiscalización y registro con mayor celeridad en zonas declaradas de alto riesgo.
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Respecto a la vida social y eventos de gran envergadura, el Gobierno ha sido enfático: las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo y público deberán contar con un permiso previo de las autoridades competentes. Por el contrario, aquellas reuniones que no sean masivas podrán desarrollarse sin necesidad de autorización administrativa.
El uso de la fuerza por parte de la PNP y los militares está estrictamente regulado por los Decretos Legislativos Nº 1186 y Nº 1095. Asimismo, se ha dispuesto la aplicación del protocolo de protección para mujeres y personas vulnerables durante las detenciones.
Finalmente, la implementación de estas acciones será financiada por el presupuesto de los pliegos involucrados y recursos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas, asegurando la viabilidad operativa del despliegue policial.
