El último martes, La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Francisco Sagasti, y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice.
Los ex altos funcionarios son acusados por la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política, así como por los supuestos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal. Esto, indican, deriva de la decisión de pasar al retiro tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.
En la reciente votación se registraron 15 adhesiones en favor, uno en contra y una abstención. Entre los legisladores que dieron luz verde, figuran Martha Moyano, Patricia Chirinos y Héctor Ventura.
El encargado de sustentar el documento fue el legislador Jorge Montoya, quien calificó la medida de pasar al retiro al grupo de oficiales como “inconstitucional”, la cual tuvo como consecuencia “el descabezamiento” de la PNP.
Las resoluciones supremas dadas al respecto no habrían estado suficientemente motivadas, sostuvo Montoya Manrique.
El ex jefe de Estado podría ser acusado por infracción constitucional e inhabilitado en el ejercicio de toda función pública durante 10 años, si se aprueba definitivamente el informe en la Comisión Permanente.
