La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta falsedad genérica vinculada a supuestas firmas irregulares en resoluciones del Poder Ejecutivo emitidas durante su recuperación tras una cirugía estética en 2023. La decisión fue comunicada por su abogado, Juan Carlos Portugal, quien sostuvo que las pericias determinaron la autenticidad de las rúbricas cuestionadas.
A través de sus redes sociales, el letrado explicó que la tesis fiscal señalaba que Boluarte habría permitido que terceros firmaran normas oficiales mientras se encontraba físicamente impedida tras una intervención quirúrgica.
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“La investigación señalaba que Dina Ercilia Boluarte Zegarra incurrió en falsedad al simular o alterar intencionalmente la verdad, aparentando la autenticidad de actos oficiales consistente en la suscripción de diversas normas durante el periodo comprendido del 29 de junio al 09 de julio de 2023, cuando —según la tesis fiscal— se encontraba supuestamente imposibilitada físicamente de realizarlo, luego de una intervención médica recaída en ella”, recordó Portugal.
Defensa destaca pericia grafotécnica en caso Dina Boluarte
La investigación estaba centrada en la autenticidad de las firmas consignadas en diversos documentos oficiales publicados durante el periodo de recuperación de la entonces mandataria, luego de una cirugía practicada por el médico Mario Cavani.
Según la defensa legal de Boluarte, las pericias concluyeron que las firmas sí correspondían a la ex jefa de Estado. “Corresponden al puño y letra de la expresidenta, siendo estas auténticas y originales, según informe pericial de documentología forense”, remarcó Portugal.
Controversia política y peritajes contradictorios
El abogado también indicó que la Fiscalía determinó que no existía ninguna restricción médica formal que le impidiera ejercer funciones durante esos días.
“Existe evidencia documental y testimonial, obtenida durante la investigación que acreditó la participación activa de Dina Boluarte Zegarra en las decisiones de Estado”, añadió el letrado.
El caso tomó fuerza luego de las declaraciones de Patricia Muriano, exasistente presidencial, quien afirmó ante la Fiscalía que algunas normas oficiales habrían sido publicadas con firmas falsas durante los días posteriores a la intervención quirúrgica.
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Muriano sostuvo que Boluarte no estaba en condiciones de firmar documentos entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, y aseguró que las rúbricas no coincidían con la firma habitual de la entonces mandataria.
Además, un peritaje grafotécnico realizado por el especialista Julio Espejo concluyó previamente que las firmas observadas no provenían del puño gráfico de Boluarte, al detectar diferencias en los trazos del Decreto Supremo N.º 017-2023-SA y otros documentos oficiales.
La controversia incluso motivó que la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendara la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, debido a la emisión de resoluciones durante el periodo de convalecencia y la ausencia de una comunicación formal sobre un eventual alejamiento temporal del cargo.
