Política
En un contundente pronunciamiento luego de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que ha podido hallar indicios de la existencia de una presunta organización que estaría liderada por el mandatario.
"Puedo anunciar a todas los peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de un presunta organización criminal, enquistada en el Gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos para obtener ganancias ilícitas", manifestó Benavides.
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Este organización criminal, subrayó la titular del Ministerio Público, estaría presuntamente liderada por el mandatario Castillo, e integrada, entre otros, por los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, además de Hugo Chávez, exgerente general de Petroperú.
"Los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", precisó Patricia Benavides.
Añadió que esta organización criminal se habría "beneficiado económicamente con el nombramiento de puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y en el uso ilícito de las facultades presidenciales".
Finalmente, la fiscal de la Nación remarcó que, "desde este momento, es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".
"La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humano, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime. Solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad", sentenció.
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Según explicó en una columna el periodista Ricardo Uceda, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Perú, "obliga a los operadores de justicia a combatir la impunidad".
"Dado su rango supranacional, cubre los vacíos que deja el artículo 117 (de la Constitución) ante la actuación criminal de un presidente", apuntó Uceda en el diario El Comercio.
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