El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, comunicó en conferencia de prensa que el proceso penal contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, continúa su curso regular mientras se evalúan acusaciones vinculadas a presunta información falsa en reportes administrativos presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los años 2020 y 2021.
Recordemos que el caso involucra un pedido fiscal de cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad, además de inhabilitación política. El izquierdista es acusado por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones.
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El titular del Ministerio Público precisó que, mientras no exista una sentencia firme, el postulante mantiene su derecho a continuar en la contienda electoral bajo la protección de la presunción de inocencia, desarrollando sus actividades políticas con normalidad en medio del proceso judicial.
Proceso judicial y postura del Ministerio Público
Durante su intervención, Gálvez comentó que la situación legal de Sánchez aún no ha sido definida por el Poder Judicial, por lo que cualquier consecuencia política o electoral dependerá del resultado final del juicio.
“El proceso sigue su curso, sin ningún inconveniente”, afirmó el fiscal, remarcando que el postulante “está siempre beneficiado por la presunción de inocencia” mientras el caso no concluya con una sentencia firme.
Asimismo, detalló que, de concretarse una condena con inhabilitación, podrían generarse restricciones significativas para su eventual participación en instancias decisivas del proceso electoral o incluso para asumir el cargo en caso de resultar electo.
Posibles escenarios en caso de sentencia contra Roberto Sánchez
En otro momento de su declaración, el fiscal explicó los escenarios hipotéticos que podrían derivarse de una eventual condena contra el aspirante presidencial, especialmente si esta incluye sanciones de carácter político.
“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema. Ahora, si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación, podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenaran, cosa que no sabemos, porque los detalles desconocemos; pero si no, lo absuelven y no hay problema, él sigue trabajando igual”, enfatizó Gálvez.
Efectos de una eventual elección presidencial
El alto funcionario también se refirió a la posibilidad de que Sánchez resulte electo presidente de la República mientras enfrenta un proceso en curso, aclarando cómo operaría el sistema judicial en ese contexto.
“Si él ganara, habría todavía un espacio (de tiempo) ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que, si ya saliera elegido, se paralizaría la investigación, ciertamente”, agregó.
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Con ello, el Ministerio Público dejó entrever que el escenario electoral podría influir directamente en la dinámica del proceso penal, generando un eventual reacomodo a favor de Roberto Sánchez en caso de victoria electoral.
Finalmente, Tomás Gálvez precisó que el despacho del fiscal de la Nación no interviene en investigaciones vinculadas a autoridades electorales, ya que dichas competencias corresponden a fiscalías provinciales.
