El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, se refirió a la nueva denuncia contra la congresista que ingresó al Parlamento por Podemos Perú, Ariana Orué.
Desde la sede del Legislativo, el congresista fue consultado sobre las acciones que podría tomar el grupo de trabajo que dirige.
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Esto luego de que tres extrabajadores de la legisladora la acusaran de ‘mocha sueldos’ con el fin de financiar su reelección y gastos personales.
Elvis Vergara sobre denuncia contra Ariana Orué
Frente a la prensa, el presidente de la Comisión de Ética lamentó que una vez más un congresista sea involucrado en recorte de sueldo a sus trabajadores.
Asimismo, cuestionó que, a pesar de los informes y sanciones que la agrupación presenta, en el pleno del Congreso no se pongan a debate aún cuando le piden al mismo presidente del Legislativo ponerlo en agenda.
“Lo lamento mucho, primero lamento el hecho de que haya una denuncia que involucre a una congresista respecto a estos temas. Ya lo hemos visto muchas veces, es muy lamentable. Segundo, lamento además que el pleno no ha puesto a debate las sanciones de la Comisión de Ética”, afirmó.
Comisión de Ética de manos atadas
Aunque el caso vuelve a generar controversia, desde el grupo de trabajo del Parlamento se descartó medida alguna por lo ocurrido.
“En este momento la Comisión de Ética está de manos atadas porque así hagamos un proceso ahora o mañana va a resultar inaplicable, no hay tiempo“, explicó.
Y es que la segunda legislatura parlamentaria 2025-2026 finalizará el próximo miércoles 24 de junio. Inicialmente iba a culminar el 15 de junio.
Es así que debido al término de la legislatura, Ariana Orué podría salvarse de alguna amonestación.
Congresista se defiende
Por su parte, la congresista Ariana Orué dio la cara frente a los señalamientos, negando cualquier acto irregular durante su gestión.
“Son difamaciones, se entiende que los últimos trabajadores a quienes se ha retirado la confianza lógicamente han tomado represalias, los medios que han sacado esas transferencias, entonces cualquier persona que quiera difamar a alguien, en algo que no existe, puede mostrar cualquier cosa”, dijo.
Al ser interrogada por las pruebas reveladas, como los chats y depósitos de dinero, la congresista consideró que no tienen validez alguna, calificándolas como “difamaciones”.
“Esas transferencias, esos yapes no dice nada, no me vincula en nada, de hecho hasta hablan de que me gusta presumir cosas, yo creo que ya todos saben que yo vivo en un barrio, me he dedicado a trabajar, que tengo experiencia laboral, con la política no me he hecho millonaria”, sustentó.
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Uno de los testimonios obtenidos por El Comercio detalló que, si los colaboradores se negaban a pagar, los amenazaban con despedirlos.
“Nos obligó a dar S/1.800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (…) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, contó el afectado.
