La situación institucional en el gremio de abogados del Perú atraviesa una crisis sin precedentes. Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, ha sido denunciada penalmente por un bloque mayoritario de representantes regionales.
La acusación se centra en una presunta autoproclamación como presidenta de una facción paralela a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap).
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Un total de 19 decanos de distintos colegios de abogados del país suscribieron la denuncia contra la suspendida exfiscal de la Nación. Según los denunciantes, la abogada habría tomado el cargo de presidenta de un grupo paralelo sin haber sido elegida bajo el reglamento institucional vigente.
Esta acción es calificada por los gremios como un intento de generar división y paralelismo institucional. La Judecap es el organismo que representa formalmente a todos los gremios de abogados a nivel nacional.
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Actualmente, el presidente acreditado de dicha institución es Vicente Espinoza Santillán. Los decanos regionales sostienen que la sucesión en el Colegio de Abogados de Lima no otorga automáticamente la presidencia de la junta nacional.
“Ella está usurpando un cargo que los decanos no la han elegido. Es algo irregular”, indicó William Tomanguillo, expresidente de Judecap a ‘ContraCorriente’.
Alzaron la voz
Los representantes de departamentos como San Martín y Huancavelica han manifestado que la legitimidad en el gremio se obtiene mediante votos y no por exposición mediática.
Auristela González, decana de San Martín, enfatizó que se deben respetar las normas internas y que la mayoría de los votos nunca acompañó a Espinoza.
Denuncia penal
La denuncia penal presentada advierte que atribuirse una representación sin el respaldo normativo no es solo una falta administrativa.
Según expertos en derecho penal, ostentar un cargo de esta naturaleza sin elección previa podría derivar en un proceso judicial complejo. La conducta de Espinoza ha sido señalada por violar artículos específicos del Código Penal.
Además del cuestionamiento sobre la elección, existe una preocupación sobre la posible politización del gremio. Los decanos exigen que la Junta de Decanos no sea utilizada como una plataforma personal o trinchera partidista.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de determinar si los hechos configuran delitos contra la administración pública o falsedad genérica.
Mientras tanto, el gremio jurídico permanece dividido entre quienes reconocen a la directiva acreditada y quienes cuestionan la gestión de Espinoza.
