El congresista Darwin Espinoza, representante de la región Áncash y protagonista de múltiples cuestionamientos éticos, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, la controversia no nace de despachos judiciales, sino de un violento incidente ocurrido en el centro comercial La Rambla, en San Borja, donde el ciudadano Aldo Sebastián Robles denunció haber sido golpeado brutalmente por el parlamentario y su personal de seguridad.
Según el testimonio de la víctima, el altercado comenzó cuando reconoció a Espinoza y decidió increparlo por su labor legislativa y su vinculación con el caso ‘Los Niños’. Robles intentó registrar el momento con su teléfono móvil, lo que habría desencadenado la violenta reacción del legislador.
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“Me quitó el celular, lo destruyó, y junto a su seguridad me agredieron. Me han roto la ceja y desviado el tabique”, declaró Robles, quien recibió 12 puntos de sutura en la oreja y ocho en la ceja.
Escándalo en San Borja: versiones encontradas tras gresca que involucra a Darwin Espinoza
Por su parte, Darwin Espinoza ofreció una versión distinta de los hechos. El parlamentario admitió haberle quitado el dispositivo móvil al ciudadano, alegando que este lo estaba insultando a él y a su esposa de forma agresiva. No obstante, negó haber ordenado una golpiza, justificando que la persona que lo acompañaba intervino únicamente para defenderlo tras un supuesto primer golpe por parte de Robles. “Mi escolta estaba en otro vehículo; la persona que me acompañaba me defendió”, sostuvo Espinoza.
Sin embargo, las imágenes y el estado físico de Robles cuentan una historia de desproporción. El denunciante deberá cumplir 15 días de descanso médico debido a la gravedad de los impactos recibidos en el rostro.
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Mientras tanto, un hombre de camisa blanca que acompañaba al legislador durante el incidente se negó a identificarse ante la prensa y la Policía, aumentando las sospechas sobre la identidad de los agresores adicionales.
Este nuevo escándalo se suma al ya abultado historial de Espinoza, que incluye investigaciones por el uso de recursos públicos para inscribir su propio partido político y presuntos vínculos con redes de corrupción. Para la víctima, este acto es el “retrato de un congresista que se cree intocable” y que responde a la fiscalización ciudadana con violencia física.
