La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró inadmisible la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la resolución que restituía a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
Asimismo, este grupo de trabajo parlamentario declaró procedente la denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, y otros tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos por no acatar la resolución de la JNJ.
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El informe de calificación de la denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ proponía admitir a trámite el extremo sobre la presunta infracción constitucional, por no haberse respetado los derechos adquiridos de buena fe por Delia Espinoza. Además, planteaba declarar improcedente el extremo sobre la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite.
El informe acumulaba las denuncias constitucionales presentadas por los congresistas Elías Marcial Varas Meléndez y Alex Flores Ramírez, donde se atribuía a los miembros de la JNJ presuntas infracciones a la constitución y los presuntos delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de procesos en trámite.
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QUERELLA CONTRA LA FISCAL DE LA NACIÓN
Por otra parte, el informe de calificación que recomendaba declarar procedente la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, se aprobó con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
La denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, Norma Yarrow, María Córdova, Noelia Herrera, Cheryl Trigozo, Alejandro Muñante y Diego Bazán por presunta infracción a la Constitución y los presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad al no dar cumplimiento a la decisión que reponía en el cargo a Patricia Benavides.
Vale mencionar que esta denuncia constitucional será remitida a la Comisión Permanente del Congreso. De aprobarse, regresará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que designen a un congresista delegado que realice las indagaciones y el informe final.
