La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que establece sanciones entre 6 y 13 años de cárcel efectiva para los malos servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que incurran en actos de corrupción dentro de los penales.
La iniciativa legislativa precisa que, para el efecto, se proponga modificar los artículos 395-A y 395-B del Código Penal.
"La corrupción en los centros penitenciarios a nivel nacional se encuentra institucionalizada. Su explicación, según el Tribunal Constitucional, se observa en dos escenarios: en la situación de poder que tiene el personal penitenciario ante la población penitenciaria y en la relación que podría existir entre la precariedad ética del personal y el poder económico de un sector de la población penitenciaria, afectando derechos fundamentales y el imperio de la ley", sostiene la parlamentaria.
De acuerdo con Yarrow, su iniciativa surge "a fin de otorgar de eficacia a los operativos en los establecimientos penitenciarios, en tanto haya riesgo latente de actividades ilícitas, manteniendo el orden y disciplina al interior de las instituciones penitenciarias, y a razón de evitar perjuicios a los bienes jurídicos tutelados de terceros".
Considera oportuno que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) apruebe un Código de Ética para el servidor penitenciario.
Por otro lado, sugiere que se declare de interés nacional el uso de grilletes electrónicos.
